Y es que en Tamaulipas por ejemplo, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (ITAIT), es manejado desde hace casi 10 años por un grupo de reconocidos victorenses que están muy ligados con los dos últimos ex gobernadores como lo son Eugenio Hernández Flores y Egidio Torre Cantú y esto resulta una incoherencia.
Además, los integrantes del ITAIT fueron elegidos y aprobados por el Congreso de Tamaulipas, pero a sugerencia y orden de los mismos ex gobernadores antes mencionados y por esta razón, es urgente que haya un cambio en su directiva, pero que sea un Consejo Ciudadano el que nombre a los integrantes de este instituto, dado que existen firmas sospechas en su proceder.
Pero volviendo a la propuesta de Anaya Cortés, dice que el fiscal anticorrupción, debe tener un perfil autónomo, independiente y un prestigio incuestionable, de tal manera que pueda actuar sin preferencias partidistas y estos sería lo mejor que pudiera suceder, ya que la corrupción debe castigarse en serio y terminó diciendo:
“No debe haber venganza, pero debe haber justicia”.
Cabe mencionar que el pasadon19 de septiembre, el Senado de la República inició el proceso para emitir la convocatoria para la elección del Fiscal Anticorrupción y de los cinco integrantes del Concejo Ciudadano vinculado al Sistema Nacional Anticorrupción.
Entre los requisitos para los aspirantes a Fiscal Anticorrupción destacan que tengan una antigüedad reconocida de al menos 15 años en el servicio de juzgador, acrediten probidad, reconocimiento profesional, reconocimiento académico, que tenga antecedentes de haber participado en este tipo de materias.
En fin, creemos que el nombramiento del fiscal anticorrupción debe salir de una propuesta de las organizaciones de la sociedad, pero también los nombramientos de los directivos que tienen que ver con la transparencia gubernamental como es el caso del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (ITAIT), porque mientras sigan en esa posición los que aún siguen ahí, muy pocas posibilidades se tendrán para conocer la realidad que vive y vivió el gobierno estatal. Ni más ni menos.
Para finalizar, el presidente municipal de Madero, Andrés Zorrilla Moreno, cumplió su compromiso de campaña de volver a la colonia Miramapolis y constatar el deterioro en que se encuentra e iniciar un operativo integral para recuperar esta importante zona habitacional de la ciudad.
Las condiciones extremas en que, las pasadas administraciones dejaron caer esta colonia contempla principalmente el deterioro de su infraestructura urbana como el pavimento, su iluminación, fugas de agua y drenaje, la falta de recolección de basura y el mantenimiento de los espacios públicos como sus parques y jardines.
Es tal su destrucción que alguien tiene que pagar por este descuido, ya que los vecinos constantemente acudían al gobierno municipal para denunciar estas anomalías, pero los funcionarios públicos solo les daban largas y nunca hicieron nada.
Pero así como se encuentra Miramapolis están casi todas las colonias del norte de Madero y es importante que se haga una investigación sobre lo que hicieron las administraciones priistas de petroleros y luego evalúen lo que debió hacerse y no se hizo.
Esto permitirá conocer las condiciones en que dejaron las colonias de este municipio y se pudiera iniciar un proceso de investigación para definir quiénes fueron los culpables de esta situación, que hicieron de Madero una ciudad poco atractiva para habitar.
Al cierre. El PRD demandó que todos los inmuebles adquiridos por Javier Duarte de Ochoa que han sido asegurados por la Procuraduría General de la República, sean rematados para reintegrar su valor a las arcas públicas de Veracruz y esto es una excelente idea que pudiera aplicarse con otros ex gobernadores, que se sospecha de haberse llevado el dinero del erario para construir sus casas de retiro como la que construye Egidio Torre Cantú en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.
Lo que sucede es que esta casa tiene un alto costo y no corresponde con lo que hubiera ganado en seis años como gobernador de Tamaulipas. De tal manera que el SAT le debe abrir una investigación para conocer el origen de los recursos con los que está construyendo este lindo retiro.
Y de encontrarse irregularidades se inicien las investigaciones necesarias, para que devuelva el dinero
que pudo haberse robado de Tamaulipas, porque es tal su costo que existen cálculos que aseguran que es más cara que la Casa Blanca que tiene Enrique Peña Nieto y su esposa.
Por cierto, el diputado local, Carlos Guillermo Morris Torre, asegura que el caso del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien es buscado por la PGR por delitos como delincuencia organizada y operaciones con recursos con procedencia ilícita, no impactará en la imagen del PRI y esto tiene mucha razón.
Sin embargo, donde sí está impactando es en los electores, quienes al ver como son acusados los líderes de los priistas por las autoridades judiciales, ya no les creen a los políticos del tricolor y esto desde luego que impactará en la confianza que les pudieran tener. Ni más ni menos.
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