Manos limpias, conciencia sucia

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió que el gobierno de Felipe Calderón -en su primer año- transfirió 120 mil millones de pesos a cuentas dentro de la Tesorería de la Federación, a fideicomisos, fondos, mandatos o contratos análogos y después fueron utilizaron con “alta discrecionalidad”.

Lo que llama la atención de la Auditoría Superior es que este dinero se había etiquetado por parte de los diputados federales en el presupuesto para que algunas secretarías lo aplicaran en programas sociales y no fue así.

Sin embargo, nos dicen que en el gobierno de Fox este ejercicio era una práctica común y en los hechos significa, simple y llanamente, que no se cumple con la ley porque el dinero se gasta sin regla, sin autorización, sin verificación y sin rendirle cuentas a nadie.

Pero bueno, el subejercicio en el gasto público es el dinero que el gobierno deja de aplicar en algunos programas y esto es indebido porque se debe cumplir con toda la normatividad en el ejercicio del gasto público, y al transferir fondos se evita el cumplimiento de la norma y esto es ilegal. Así de simple.

Tal es el caso de los seis mil 600 millones de pesos que los Diputados en el 2007, le autorizaron al gobierno de Calderón en materia de seguridad, y los cuales, quedaron en el Fondo Nacional de Seguridad Pública porque no se ejercieron 2 mil 300 millones de pesos, es decir, entre el 43 y el 44% de lo que tenían autorizado.

Así que esto parece increíble que suceda porque luego las autoridades federales se andan quejando porque no tienen suficientes recursos para su combate contra la delincuencia. ¿Cómo la ven?

En fin, el lunes 15 de junio vence el plazo para que el gobierno de Calderón le explique detalladamente a la Auditoría Superior de la Federación porqué el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín “El Gordito” Carstens transfirió los 120 mil millones de pesos a 128 figuras, como los fideicomisos y mandatos pero también le tendrán que decir quiénes lo ejercieron y en qué fueron utilizados. ¿Qué les parece?

Ojalá que el gobierno de Calderón lo haga porque sino lo hace entonces sabremos que tiene las manos limpias pero la conciencia sucia o corrupta como usted quiera llamarle.

Para finalizar, al ganar Diego Fernández de Cevallos el amparo contra el decreto que expropió los terrenos donde se ubica la terminal marítima del puerto de Altamira, la aguerrida panista Silvia Cacho se liga un triunfo porque ahora los ejidatarios que habían sido afectados serán indemnizados con más de mil quinientos millones de pesos… ¡Claro!... Después de pagarle sus servicios al Jefe Diego, quien no da pisada sin huarache.